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Iniciativa para crear la Ley de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para el Estado de Chihuahua

 

H. DIPUTACIÓN PERMANENTE

P R E S E N T E.-

Los suscritos, en nuestro carácter de diputados a la Sexagésimo Primera Legislatura del Estado de Chihuahua, como coordinadores de los Grupos Parlamentarios de Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, así como la de la voz en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia, acudimos ante esta Asamblea a efecto de presentar una Iniciativa de Ley de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para el Estado de Chihuahua, así como de reforma a la fracción X del artículo 4 de la Ley del Instituto Chihuahuense de la Mujer; para hacerlo nos basamos en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

I.- La violencia familiar es, a no dudarlo, un tema de gran trascendencia y lo es en más de un sentido. Como cualquier investigador de las ciencias humanas lo sabe, el estudio de la sociedad en sus diversos aspectos, político, económico, sociológico, jurídico, etc. entraña un enorme interés por cuanto que el objeto de estudio es siempre cambiante y complejo; ningún fenómeno social tiene explicaciones tajantes y definitivas respecto de las causas que lo originan y sí, en cambio, múltiples facetas que de uno u otro modo condicionan el contenido del fenómeno en estudio. Es decir, el estudio de la sociedad y sus manifestaciones debe ser, por fuerza, multidisciplinario, porque es difícil, por no decir imposible, encontrar fenómenos sociales que puedan ser explicados mereced a un acontecimiento aislado; el caso que ahora nos ocupa es, como lo afirmé en líneas anteriores, relevante por innúmeras razones.

La relevancia que cobra este problema nos lo demuestra la proliferación de múltiples organismos e instituciones, públicos y privados, empeñados en su erradicación; así, citaremos como ejemplo de lo anterior que en el estudio del problema y en la atención de las víctimas de violencia están empeñados: Programas académicos, Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana; organismos no gubernamentales, Asociación Mexicana contra la violencia hacia las Mujeres, Mujeres en Acción Sindical, Federación Mexicana de Universitarias; organismos gubernamentales, como el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, el Instituto Nacional de Pediatría; y profesionistas independientes en diversas disciplinas tales como: Psicólogos, psicoanalistas, juristas, neurólogos, pediatras, sociólogos y antropólogos, entre muchos otros.

La violencia familiar, a diferencia de lo que pudiera creerse en primera instancia -y como queda dicho- no sólo la padecen los menores; también son víctimas de ella las mujeres, las personas con capacidades diferentes y las personas de la tercera edad; como lo afirma Laura Salinas Beristáin, en "Violencia Intrafamiliar en México (aportes en favor de una solución legislativa)": "La violencia intrafamiliar es un fenómeno que afecta gravemente a unas y otros (mujeres y menores), así como a ciertos miembros vulnerables de la familia, como los ancianos y los discapacitados y que destruye al grupo familiar". Que las víctimas primordiales de la violencia familiar son las mujeres y los niños, puede confirmarse con algunas cifras estadísticas: alrededor de 50% de las familias sufre o ha sufrido alguna forma de violencia (Corsi 1997). Según la ENVIF del INEGI, uno de cada tres hogares ha vivido ambientes de violencia en forma de mal trato emocional, intimidación, abuso físico o sexual. El maltrato emocional constituye la forma de agresión más fuerte; ocurre en el 98.4% de los hogares con violencia. La intimidación se manifiesta en el 16%, la violencia física en un 11.5 y el abuso sexual en el 1.4% de los hogares con violencia.

Las victimas mas frecuentes de todos los tipos de maltrato son los hijos y las hijas (con 44.9%) y la conyuge (38.9%).

Se ha podido discriminar que alrededor del 1% de las esposas maltrata al marido, en el 23% de los casos la agresión es mutua, en igualdad de condiciones sin que se produzcan situaciones de sometimiento de una de las partes, y el 76% restante el marido ataca a la esposa, la cual por lo general no puede defenderse.

Otras investigaciones realizadas por el DIF nacional se reporta que las denuncias de casos de maltrato hacia niños y niñas se ha ido incrementando en los últimos años, mientras que en 1995 se recibieron 15,391 denuncias en el año 2000 la cifra aumentó a 25,706.

Según el CAVI (Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de la Cd. de México) de octubre de 1990 a junio de 1997 se atendió un total de 53,395 casos, con un total de 104,781 personas afectadas, lo que da un promedio de 709 casos diarios.

II.- Como lo apunta en su artículo "El niño maltratado", la Dra. María Kitsu Ogasawara, colaboradora en el Instituto de la Familia IFAC- México: "Por primera vez en México, en el mes de Junio de 1966 se presentó el caso del "Síndrome del niño golpeado" en la Sesión Clínica del Hospital de Pediatría y el interés que despertó se tradujo rápidamente en la detección, cada vez mayor, de niños golpeados, siendo el caso No. 2 ruptura del duodeno por estallamiento de la víscera por impacto directo del puño del padre, propinado en el vientre de una niña de 3 años"; como se ve, hace poco más de 39 años que existe en nuestro país la preocupación por este problema; no obstante, es un hecho que desde entonces ni la sociedad ni el Gobierno han renunciado a la tarea de denunciar y tratar de corregir o atenuar el daño causado; desde entonces hasta hoy son muchas las instituciones preocupadas por establecer reformas legislativas y crear instancias administrativas para atender a las víctimas de la violencia doméstica, sean menores o mujeres. En síntesis, la violencia como fenómeno dentro de la familia, es tan antigua como la familia misma. Pero ligado más a la concepción moral, legal o social. La violencia ingresa en el campo terapéutico como motivo de preocupación hace relativamente poco tiempo.

En la especie y como ya hemos apuntado el líneas de antelación, la violencia familiar, lejos de limitarse a un reducido número de casos o de sujetos víctimas de ella, se ha dilatado considerablemente hasta contemplar a diversos sujetos tales como las mujeres en general, los adultos mayores y las personas con capacidades distintas. El interés por examinar esta problemática y la adopción de diversas medidas desde el seno del poder público, dan cuenta manifiesta de que el problema existe y cobra rasgos que deben llamarnos a estar alertas.

III.- Concepto de violencia familiar.

Antes que nada, es preciso definir la violencia familiar, término al que a lo largo de la propuesta habremos de recurrir una y otra vez; en el entendido de que en este apartado hemos echado mano de la definición que antiguamente se empleaba para definir la llamada "violencia intrafamiliar". La violencia familiar, refiriéndose a los menores, ha sido conceptualizada de muy diversas formas; a continuación, me permito transcribir íntegramente un párrafo de "La definición del Maltrato Infantil desde la Terapia Familiar" de Ma. Enriqueta Gómez Fonseca, Presidenta del "Instituto de la Familia A. C." y Presidenta de la "Asociación Mexicana de Terapia Familiar, A. C." y que resulta muy ilustrativo, al respecto, nos dice: "Síndrome del niño maltratado" fue definido inicialmente (Kemple et al, 1962) como "el uso de la fuerza física en forma intencional, no accidental, dirigida a herir y lesionar o destruir a un niño, ejercido por parte de su padre o de otra persona responsable del cuidado del menor". Sin embargo si consideramos que maltrato es, literalmente hablando y de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española 1927: "la acción y efecto de maltratar; el tratar mal a uno de palabra u obra menoscabar o echar a perder", podemos ampliar la acepción del término.

Ya en 1978, en Estrasburgo durante el Coloquio de Criminología (Consejo de Europa, 1981). Se definió el maltrato infantil como: "actos y carencia que perturban gravemente al niño, atentan contra su integridad corporal, su desarrollo físico, afectivo, intelectual y moral, y cuyas manifestaciones son el descuido y/o lesiones de orden físico y/o psíquico y/o sexual por parte de un familiar u otra persona que cuidan del niño".

Alicia Elena Pérez Duarte en, su Derecho de Familia, citada por Laura Salinas, trata la violencia familiar como un fenómeno que es parte de las problemáticas más amplias de violencia contra las mujeres y maltrato al menor y considera que son "constitutivos de tal violencia las injurias, los malos tratos, las amenazas, las omisiones, los silencios, los golpes y las lesiones inferidas sistemáticamente entre los miembros de la familia, que producen, como efecto inmediato, la disminución en la autoestima de la víctima y, por tanto, la de su capacidad de respuesta ante las posibilidades que la sociedad le reclama".

La violencia en el seno del hogar ha sido definida también por Laura Salinas, en su obra citada, de la siguiente manera: "la violencia intrafamiliar tiene muchas modalidades; consiste en acciones -como ataques verbales, amenazas, confinamiento, ataque sexual, golpes y otra forma de agresión que producen lesiones físicas y psicológicas e incluso la muerte, en de privación y en abandono: pone en peligro la vida, la salud y la integridad de quienes la sufren, y puede conformarse por un sólo acto o por una serie de ellos sistemáticamente cometidos y no forzosamente constitutivos, por sí solos, del daño, pero cuya suma sí lo produce".

Para los fines de esta Iniciativa, la violencia familiar se entiende como: "la alteración, temporal o permanente, de la salud o integridad física o mental de una persona, como consecuencia de una acción u omisión, deliberada o negligente, por parte de quien comparte su núcleo familiar". La única ventaja de esta definición sobre otras es que elimina un tanto su casuísmo y, parca como es, es más susceptible de abarcar un universo más grande de hipótesis; entre ellas, por su puesto, la dirigida hacia las mujeres.

Analizando brevemente esta definición tenemos que:

a).- Por alteración de la salud de una persona debemos entender cualquier síntoma constitutivo de enfermedad o malestar que afecta la integridad de un ser humano desde el punto de vista de su salud.

b).- Ahora bien, esta alteración no sólo puede afectar el cuerpo del individuo, sino también su salud espiritual o psíquica; es claro que las agresiones violentas no siempre se traducen en los llamados "malos tratos" sino también en expresiones soeces o injuriosas que provocan trastornos mentales.

c).- Estos sufrimientos, no están limitados desde el ámbito temporal a una determinada frecuencia o duración; para los efectos de la violencia familiar, tan grave es la sucesión de pequeños agravios, como los arrebatos violentos que culminan en una golpiza; es decir, la manifestación de la violencia familiar no conlleva necesariamente actos fulminantes que se realizan un vez; sino también aquellos que se suceden en el tiempo y que su frecuencia o reiteración, causan un daño a uno o varios de los miembros del grupo familiar.

d).- Ahora bien, este daño puede ser consecuencia de una acción u omisión; como podemos observar, estamos hablando no sólo de actos violentos o agresivos sobre el cuerpo de la víctima, sino también de carencias que alteran su desarrollo integral, por parte no sólo de los padres sino de las personas que lo cuidan, en el caso de un niño; o de la pareja o ascendientes en el caso de una mujer.

e).- Estas agresiones no necesariamente siempre son consecuencia de una conducta deliberada o dolosa; muy frecuentemente, su origen se encuentra en negligencia inexcusable; aunque -claro está- esta "negligencia inexcusable" es mayormente frecuente en el caso de los menores y no así en el de las mujeres. Por dolo, debemos entender la intención consciente de causar daño o infligir dolor; por negligencia debemos entender el descuido o la desatención que desemboca en una lesión o sufrimiento y que pudiera haber sido fácilmente evitable.

f).- Para concluir, baste con señalar que el autor de esa agresión u omisión, debe provenir de parte de quien comparte el núcleo familiar de la víctima.

IV.- La agresión sexual.

De las definiciones anteriores, dentro de la referencia a lesión o alteración de la salud, existe sin embargo una que destaca por su importancia y significación: El maltrato o agresión sexuales. Al que también la propuesta hace referencia en la fracción XVI del artículo 7, que la define así: "Violencia sexual: acciones orientadas a coaccionar a las mujeres a tener relaciones sexuales involuntarias, por medio de la intimidación, chantaje, uso de la fuerza, amenazas, si se rehúsa a su ejecución. En este tipo de violencia se incluye el acoso sexual, la explotación sexual con o sin fines de lucro, el abuso sexual y la violación". Hoy en día, los medios de comunicación masiva y las cada vez menores restricciones en la difusión y transmisión de imágenes e ideas han propiciado, en cierta medida, la relajación de algunos principios y valores morales; no es nuestra intención constituirnos en moralistas a ultranza ni en optar por una reforma en este sentido ni, mucho menos, hacer de ello una cruzada; sin embargo, esta laxitud ha propiciado -indirectamente si se quiere- una visión de la sexualidad muy característica de nuestro siglo y que en ocasiones se traduce en franca agresión a nuestras convicciones morales.

V.- En síntesis, la razón que yace detrás de la presentación de esta propuesta, es la defensa a ultranza de los derechos humanos; entendidos éstos en su concepción más restringida de "garantías individuales", siendo de todas las personas por igual, adquieren sin embargo, en tratándose de cuestiones de edad, género o condiciones especiales (edad, raza, etc.), una determinada connotación en virtud de quién, cómo y dónde se pretende ejercerlos. Dicha connotación deriva en función de una falta de oportunidades para enfrentar en igualdad de circunstancias al resto de los miembros de la comunidad -cuando el resto de las condiciones son similares o las diferencias proporcionalmente atenuadas- las responsabilidades y tareas que significa vivir en sociedad.

El compromiso de México con el respeto a estos derechos deriva de una serie de acuerdos tomados por los países miembros de la ONU, para asegurar una vida digna y una convivencia respetuosa y pacífica entre los países y las personas; nuestro País firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos y por ello se comprometió a respetar todos los derechos que en ella se señalan. Destaca en particular que a más de diez años de la celebración de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como "Convención de Belém do Pará", efectuada en la ciudad del mismo nombre en Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro, y ratificada por México desde hace más de un lustro, no ha tenido consecuencias perceptibles al menos en nuestro medio; es decir, la correspondiente adecuación de la legislación secundaria a esta serie de disposiciones que tienen el rango y la categoría de ley suprema de nuestro país, según lo prescribe el artículo 133 de la Constitución federal, no ha tenido hasta la fecha mayor trascendencia en el ámbito chihuahuense; de ahí que se estime como un acierto la presentación de esta Iniciativa de Ley y en su oportunidad, su ulterior entrada en vigor.

Como sea, algunos de los principales derechos universalmente aceptados a favor de las mujeres son los siguientes:

Derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por sexo;

Derecho a la vida y a la seguridad de nuestra persona;

Derecho a no sufrir maltrato o tortura de ningún tipo en ningún espacio y de ninguna persona;

Derecho a la justicia y a un trato igualitario ante la ley;

Derecho a expresarnos libremente dentro y fuera de la casa, sin ser objeto de humillaciones, castigos o restricciones;

Derecho a la protección de nuestra vida privada;

Estos derechos, en el territorio de nuestra Nación y bajo la perspectiva de la Ley, son iguales para todos sus habitantes sean éstos varones o mujeres, no existen razones para que un grupo o núcleo de población se vea impedido de gozar de ellos o de no hacerlo a plenitud; empero, también en México, el 50.7% de las víctimas de violación, abuso sexual y acoso sexual tienen entre 12 y 17 años y son mujeres; el rezago en materia social es impresionante, duplicándose el número de mujeres subempleadas en los últimos 20 años; pese a que un 47% de los hogares mexicanos es sostenido por mujeres, la violación a los derechos sociales y económicos de las mujeres está presente en la dificultad que tienen para acceder al crédito, a la tenencia de la tierra o a la propiedad y las dificultades aumentan cuando se organizan para echar a andar algún tipo de pequeña empresa que las ayude a sostener a sus familias; de lo que expresamente da cuenta la Comisión de Derechos Humanos del D.F.; todos hemos sabido de despidos laborales por causa de embarazo en toda la República, como práctica reiterada y consentida por las autoridades del trabajo; exámenes de no gravidez como requisito para obtener empleo; condiciones insalubres de trabajo en la maquila, al grado de provocar malformaciones congénitas; esterilización forzada e imposición de métodos anticonceptivos sin consentimiento de las usuarias; incremento de las enfermedades de transmisión sexual y de VIH-Sida sin acciones, por parte de las autoridades, previstas para frenar ese fenómeno, la lista de ejemplos, es casi interminable.

VI.- En otro orden de ideas -y esto es de particular relevancia-, tenemos que en la elaboración de esta Iniciativa colaboraron de manera decisiva un significativo grupo de importantes organizaciones cuyo objetivo primordial es ocuparse de la problemática a que esta Iniciativa alude; así, participaron: Mujeres por México, A.C. Red Ciudadana, A.C. Centro de Atención a la Violencia Familiar Laura Martínez de Téllez A.C. El Barzón de Chihuahua, A.C. Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua. A.C. Grupo Milenio, Asociación de Abogadas Feministas, Grupo 8 de Marzo, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Estudios de Género A.C. Instituto Regional de Estudios de la Familia A.C. Miembros de Consejo Consultivo del Instituto Chihuahuense de la Mujer.

VII.- Finalmente, antes de hacer un breve repaso del cuerpo de la iniciativa, es preciso señalar que la misma, haya su principal insumo en la propuesta legislativa presentada semanas atrás en la Cámara de Senadores, por los senadores Aracely Escalante Jasso y Enrique Jackson Ramírez; sin que esta circunstancia constituya un óbice o impedimento para formular esta propuesta; ello, primero por la soberanía de nuestra Entidad para legislar en aquellas materias que no son propias ni exclusivas de la federación; segundo, porque el marco jurídico local no riñe ni depende, de ninguna manera, con la iniciativa de referencia; por el contrario, en caso de aprobarse ambas propuestas -lo que sería muy deseable-, nos hallaríamos con un marco jurídico consistente y armónico en un tema de capital importancia para la vida social de nuestro país.

VIII.- La Iniciativa propiamente dicha, contiene los siguientes apartados:

1.- El objeto de la Ley es, básicamente: establecer las bases para la prevención, protección, asistencia y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, en todos los ámbitos ya sean públicos o privados; y establecer las medidas necesarias para la reeducación y reinserción social de los agresores de mujeres.

2.- En base a las consideraciones que se vierten en los párrafos anteriores, es que los suscritos estimamos que la Ley que ahora se propone, sienta las bases para que, se construya un Sistema Estatal de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres; ello, al margen de consideraciones políticas o de coyuntura. La Iniciativa es un esfuerzo serio y consistente, para darle continuidad a una demanda cada vez más sentida entre la sociedad mexicana de principios de siglo (en especial de los chihuahuenses) y de los actores políticos del País. Este sistema, (artículo 9), tiene por objeto: "la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la atención eficiente y concertada de la población femenina víctimas de violencia". Y estará integrado por los siguientes órganos:

Un Presidente, que será la Directora General del Instituto Chihuahuense de la Mujer;

El Procurador General de Justicia;

Los secretarios de Seguridad Pública, de Fomento Social y de Educación y Cultura;

El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado;

Las dependencias o entidades, dedicadas a las mujeres de los municipios del Estado, en los casos en que los temas a tratar en la Sesión respectiva les afecten, y

Dos representantes de las organizaciones no gubernamentales en el Estado que trabajen con mujeres.

3.- Como la instancia coordinadora del Sistema, se crea el Consejo Estatal de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; el Consejo está considerado como el órgano máximo del Sistema Estatal, con funciones consultivas, de coordinación de acciones y de participación social; además -y esto es lo más relevante- será el conductor formal para convocar a los sectores de la sociedad para su integración al Sistema Estatal.

El Consejo Estatal (artículo 14) estará integrado por:

Un Presidente, que será la Directora General del Instituto Chihuahuense de la Mujer;

El Procurador General de Justicia;

Los secretarios de Seguridad Pública, de Fomento Social y de Educación y Cultura;

El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado;

Las dependencias o entidades, dedicadas a las mujeres de los municipios del Estado, en los casos en que los temas a tratar en la Sesión respectiva les afecten, y

Dos representantes de las organizaciones no gubernamentales en el Estado que trabajen con mujeres.

El funcionamiento del Consejo (artículos 17, 18 y 19 del proyecto) es similar al de cualquier órgano colegiado de naturaleza pública: se reunirá en sesiones ordinarias o extraordinarias, por comités o en Pleno, a convocatoria de su Presidente o, en su defecto, el Secretario Ejecutivo, en los plazos y formas que determine el propio Consejo o se le señalen en el Reglamento Interior; sus sesiones serán encabezadas por su Presidente y en su ausencia por el Secretario Ejecutivo; y el cargo de Consejero es de carácter honorario; entre sus atribuciones más relevantes estarán las siguientes:

Orientar a la comunidad sobre las políticas y acciones relativas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres;

Fungir como órgano consultivo, de planeación, de coordinación de acciones y decisorio del Sistema Estatal, a fin de orientar las políticas y acciones en la materia;

Aprobar el Programa Estatal y los programas especiales que de él se deriven y evaluar su cumplimiento por lo menos anualmente, y

Promover la investigación científica en las materias propias de esta Ley.

4.- El Programa Integral de Asistencia, Protección y Erradicación de la Violencia contra Mujeres, se caracterizará por lo siguiente:

El Programa se encargará de definir los objetivos, estrategias, líneas de acción, recursos necesarios y las responsabilidades de los participantes en el Sistema para el cumplimiento de las metas que en ellos se establezcan, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Sistema Estatal (artículo 21).

Además, el Programa (artículo 22) deberá: impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos de toda persona a una vida sin violencia y la observancia, en todo momento y en cualquier circunstancia y ámbito, de los derechos humanos de las mujeres; así como la educación y capacitación del personal en la procuración y administración de justicia y demás funcionarios encargados de la aplicación de la Ley; de igual forma, suministrar la asistencia especializada apropiada para la atención y protección necesaria a las víctimas de violencia, fomentar y apoyar programas destinados a sensibilizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia esgrimida contra mujeres y ofrecer a las víctimas de violencia el acceso a programas eficaces de rehabilitación.

5.- El Capítulo Quinto, es de crucial importancia, porque determina, mejor que cualquier otra parte de la Ley, sus perfiles y características; no hay que olvidar que ésta es una Ley de coordinación de acciones, la parte dispositiva propiamente dicha, descansa en su mayor parte en este apartado, relativo primordialmente a la distribución de competencias con un único propósito: brindar asistencia y protección en lo casos de violencia contra mujeres. En esa virtud, la Ley debe examinarse a la luz de esa perspectiva: la de que no es tanto una serie de dispositivos más o menos estructurados en la búsqueda de un único objetivo; sin más bien, un conjunto de previsiones destinadas a coordinar la labor de entidades diversas; encontrando los puntos de coincidencia y de apoyo mutuo para el logro de los objetivos comunes.

6.- El Capítulo Sexto, denominado: "De la asistencia y atención a las víctimas", es de capital importancia; no sólo porque establece la obligación a cargo de las autoridades de prestar asistencia a las mujeres víctimas de violencia familiar; sino porque especifica en qué debe traducirse ésta; así, se señala que deberá promoverse la atención a la violencia familiar por parte de diversas instituciones hospitalarias, asistenciales y de servicio, tanto públicas como privadas; proporcionar a las mujeres víctimas de violencia familiar, así como a los agresores, la asistencia médica, psicológica y jurídica, de manera integral y gratuita, así como un lugar seguro a las víctimas de violencia familiar (artículo 28).

7.- En otro tenor, el Capítulo Séptimo, denominado: "De los albergues temporales", se ocupa de establecer los lineamientos de operación de los albergues temporales (artículo 32); y además, de fijar los servicios que deberán prestar, tales como:

Hospedaje;

Alimentación;

Vestido y calzado;

Servicio médico;

Asesoría jurídica;

Tratamiento psicológico;

Capacitación, para que las víctimas puedan adquirir habilidades para el futuro desempeño de alguna actividad, y

Bolsa de trabajo, con la finalidad de que las víctimas puedan después de su internamiento en los albergues, tener una actividad ocupacional remunerada en caso de que estas así lo soliciten.

En este tenor, es auténtica innovación es que la Iniciativa no sólo se ocupa de los albergues para víctimas, sino también para personas violentas que requieren, y están dispuestas a ello, de atención especializada; uno de los argumentos útiles para justificar este planteamiento, lo constituye el hecho de que resulta económicamente más sencillo atender a una persona agresora, que a una familia entera como sería el caso; además de que resulta absurdo que el agente agresor se quede en posesión material del domicilio conyugal en perjuicio del resto del núcleo familiar.

VIII.- Artículo Segundo del Decreto.

La reforma a la fracción X del artículo 4 de la Ley del Instituto Chihuahuense de la Mujer, se explica por lo siguiente: de la lectura de dicho precepto, se aprecia que en la integridad de su texto no se contempla la posibilidad de que ordenamientos jurídicos distintos a la Ley que creó dicho organismo, puedan establecer facultades o atribuciones adicionales a las contenidas en el citado ordinal; lo cual a todas luces constituye un contrasentido pues no es conveniente olvidar que la satisfacción a las necesidades colectivas, proporcionada por el Estado, se hace a través de los distintos entes públicos que conforman la llamada administración pública; la que puede organizarse ya como un sistema centralizado, ya como perteneciente al régimen descentralizado; es decir, la administración pública estatal es un todo, el cual se articula con un único y exclusivo propósito: dar cabal satisfacción a las demandas sociales; en ese sentido, resulta absurdo que no se contemple la posibilidad de que cuerpos normativos distintos al que nos ocupa, puedan otorgarle atribuciones a un ente jurídico como el Instituto Chihuahuense de la Mujer, un organismo de vanguardia y de trascendental importancia para la vida pública en nuestro Estado. A efecto de subsanar dicha omisión, es que se pretende la reforma del artículo 4, fracción X, de la precitada Ley para que entre las atribuciones del Instituto se contemplen aquellas "otras que le confieran en forma expresa ésta y las demás leyes estatales y su Reglamento interior".

IX.- En atención a lo expuesto y con fundamento en lo preceptuado por los ordinales 57, 58 y 68, fracción I, de la Constitución Política del Estado, sometemos a la consideración de esta elevada Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO:

Artículo Primero.- Se expide la Ley de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Estado de Chihuahua, para quedar en los siguientes términos:

Ley de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Capítulo Primero:
Disposiciones generales.

DECRETO:

Artículo Primero.- Se expide la Ley de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Estado de Chihuahua, para quedar en los siguientes términos:

Ley de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Capítulo Primero:
Disposiciones generales.

Artículo 1.- Esta Ley es de orden público e interés social y de observancia general en el territorio del Estado; y tiene por objeto:

I.- Establecer las bases para la prevención, protección, asistencia y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, en todos los ámbitos ya sean públicos o privados;

II.- Establecer las medidas necesarias para la reeducación y reinserción social de los agresores de mujeres;

III.- Implantar las bases mínimas para diseñar el contenido de políticas, programas y acciones para la erradicación de la violencia contra las mujeres;

IV.- Impulsar un proceso de modificación de los patrones socioculturales de conducta de mujeres y de hombres, incluyendo una revisión de los programas de estudios en la enseñanza reglada y un diseño de programas en la educación social;

V.- Garantizar el derecho de las mujeres de vivir una vida sin violencia;

VI.- Concientizar y sensibilizar a través de todos los medios de comunicación social, con el fin de prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres;

VII.- Instruir y responsabilizar a los integrantes del sector salud, para que proporcionen buen trato y atención integral a las víctimas de violencia, respetando su intimidad;

VIII.- Instruir y responsabilizar a los órganos de seguridad pública y de procuración y administración de justicia, para que brinden una adecuada atención a las mujeres víctimas de la violencia;

IX.- Proporcionar las bases mínimas, para el diseño de acciones encaminadas a prestar asistencia integral a las mujeres víctimas de violencia;

X.- Establecer las bases mínimas de cooperación entre las autoridades estatal y municipales y entre éstas y los organismos privados, y

XI.- Atribuir a las autoridades funciones específicas, orientadas a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Artículo 2.- Se declara de interés público:

I.- La protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, y

II.- La ejecución de los programas y de las acciones, destinados a la erradicación de la violencia ejercida contra mujeres.

Artículo 3.- Los municipios expedirán los reglamentos y adoptarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta Ley.

Artículo 4.- La protección y asistencia a las mujeres víctimas o en situaciones de riesgo de violencia, tiene por objeto, promover su desarrollo integral y su participación en todos los niveles de la vida económica, política, laboral, profesional, académica, cultural y social.

Artículo 5.- El Estado y los municipios, en sus respectivas competencias, implementarán los mecanismos necesarios para impulsar una cultura de protección a los derechos de las mujeres.

Artículo 6.- Los bienes jurídicamente protegidos por esta Ley son: la vida, la libertad, la integridad física, psicoemocional, sexual y patrimonial de las mujeres.

Artículo 7.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I.- Acciones: todos aquellos mecanismos llevados acabo por las autoridades, estatal o municipales, y por las organizaciones privadas, orientadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres;

II.- Agresor: persona física o moral, que ejecute algún acto de violencia de los previstos en esta Ley en contra de mujeres.

III.- Consejo: Consejo Estatal de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

IV.- Ley: Ley de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para el Estado de Chihuahua;

V.- Programa: Programa Integral para Prevenir, Proteger, Asistir y Erradicar la Violencia contra Mujeres;

VI.- Protocolo: Los criterios generalmente aceptados para la atención médica de las víctimas de violencia;

VII.- Sistema: Sistema Estatal de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra Mujeres;

VIII.- Situación de violencia: ámbito o naturaleza de la relación que existe entre la víctima y el agresor;

IX.- Situaciones de violencia familiar: aquellas en las cuales el agresor tiene o ha tenido algún vínculo afectivo de índole familiar, es decir, los parentescos por consanguinidad, afinidad y civil, que unen al agresor y a la víctima. Se consideran también dentro de esta clasificación a las personas que estén unidas por la tutela o la curatela;

X.- Situaciones de violencia institucional: aquellas perpetradas por las autoridades, quienes hacen uso arbitrario o ilegitimo de la fuerza en contra de las mujeres, tales como la represión, la coacción, y la tortura;

XI.- Situaciones de violencia laboral y docente.- las que se operan por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, prevaleciéndose de una situación de dependencia, frente a los mismos, de la víctima;

XII.- Situaciones de violencia social: las perpetradas, por personas que no tienen ninguna relación o vínculo, de los mencionados en las fracciones anteriores del presente artículo, con la víctima;

XIII.- Víctima: la mujer que sufre algún tipo de violencia por culpa ajena;

XIV.- Violencia: la alteración, temporal o permanente, de la salud o integridad física o mental de una persona, como consecuencia de una acción u omisión, deliberada o negligente, por parte de quien comparte su núcleo familiar.

XV.- Violencia en contra las mujeres:

a).- Cualquier acción, conducta o amenaza, basada en su género, que cause muerte, inflija daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico a las mujeres;

b).- Coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida privada como en la pública, que se realice al amparo de una situación de debilidad o de dependencia física, psicológica, familiar, laboral o económica de la víctima frente al agresor.

c).- Cualesquiera otra forma análoga de lesionar o ser susceptible de lesionar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

XVI.- Violencia física: Ocurre cuando una persona le inflige daño no accidental a la mujer, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas;

XVII.- Violencia sexual: acciones orientadas a coaccionar a las mujeres a tener relaciones o actos sexuales involuntarias, por medio de la intimidación, chantaje, uso de la fuerza, amenazas, si se rehúsa a su ejecución. En este tipo de violencia se incluye el acoso sexual, la explotación sexual con o sin fines de lucro, el abuso sexual y la violación;

XVIII.- Violencia psicoemocional: acciones encaminadas a dañar la estabilidad emocional o alterar la escala de valores de la mujer que recibe el maltrato. Se manifiesta en negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y celotipia; que conlleva a la víctima a presentar síntomas tales como: negativismo, ansiedad, depresión, aislamiento o suicidio, y

XIX.- Violencia económica o patrimonial: acciones u omisiones tomadas por el agresor que afectan la supervivencia de la mujer; la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las personas vulnerables a este tipo de violencia; puede abarcar los daños a los bienes comunes o únicamente a los de la víctima; limitaciones económicas encaminadas a controlar el ingreso o salario de las mujeres.

Artículo 8.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria:

I.- El Código Civil del Estado;

II.- El Código Penal del Estado, y

III.- El Código para la Protección y Defensa del Menor.

Capítulo Segundo:
Del Sistema Estatal de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra Mujeres.

Artículo 9.- El Sistema Estatal de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres tendrá por objeto la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la atención eficiente y concertada de la población femenina víctimas de violencia.

Artículo 10.- El objeto del Sistema se cumplirá con estricto apego a las disposiciones constitucionales y legales que regulen las atribuciones y facultades de las autoridades que lo integren, por ello la coordinación se llevará a cabo mediante convenios generales y específicos.

Artículo 11.- El Sistema estará integrado por los siguientes órganos:

I.- La Secretaría de Fomento Social;

II.- La Secretaría de Educación y Cultura;

III.- La Secretaría de Seguridad Pública;

IV.- La Procuraduría General de Justicia;

V.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado;

VI.- El Instituto Chihuahuense de la Mujer, y

VII.- Las dependencias o entidades, dedicadas a las mujeres de cada Municipio.

Artículo 12.- Los recursos humanos, financieros y materiales que conformaran el Sistema serán responsabilidad jurídica y administrativa de quienes lo integran, o en su caso, de los particulares con los cuales se establezcan mecanismos de concertación. En todo caso la aportación voluntaria de dichos recursos no implicará la transferencia de los mismos.

Capítulo Tercero:

Del Consejo Estatal de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Artículo 13.- El Consejo Estatal de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres es el órgano máximo del Sistema Estatal, con funciones consultivas, de coordinación de acciones y de participación social para la planeación de la prevención, protección, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres en el Estado y el conductor formal para convocar a los sectores de la sociedad para su integración al Sistema Estatal.

Artículo 14.- El Consejo Estatal estará integrado por:

I.- Un Presidente, que será la Directora General del Instituto Chihuahuense de la Mujer;

II.- El Procurador General de Justicia;

III.- Los secretarios de Seguridad Pública, de Fomento Social y de Educación y Cultura;

IV.- El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado;

V.- Las dependencias o entidades, dedicadas a las mujeres de los municipios del Estado, en los casos en que los temas a tratar en la Sesión respectiva les afecten, y

VI.- Dos representantes de las organizaciones no gubernamentales en el Estado que trabajen con mujeres.

Artículo 15.- Los miembros del Consejo, en el caso de los titulares de las dependencias de Gobierno del Estado y de los municipios, deberán designar a sus respectivos suplentes que serán, por lo menos, Jefe de Departamento.

Artículo 16.- Son atribuciones del Consejo Estatal:

I.- Orientar a la comunidad sobre las políticas y acciones orientadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres;

II.- Fungir como órgano consultivo, de planeación, de coordinación de acciones y decisorio del Sistema Estatal, a fin de orientar las políticas y acciones en la materia;

III.- Aprobar el Programa Estatal y los programas especiales que de él se deriven y evaluar su cumplimiento por lo menos anualmente;

IV.- Promover la investigación científica en las materias propias de esta Ley;

V.- Solicitar a las instancias pertinentes, por medio de su Presidente, la ayuda necesaria en aquellos casos en que se supere la capacidad de respuesta local;

VI.- Convocar, concertar, coordinar y promover la integración y activación de los sistemas municipales;

VII.- Establecer y promover la capacitación y actualización permanente de los grupos e individuos que participen en el Sistema Estatal;

VIII.- Practicar auditoría operacional para determinar la aplicación adecuada de los recursos que se asignen al Sistema Estatal;

IX.- Celebrar, por conducto de su Secretario Ejecutivo, toda clase de contratos, convenios y acuerdos interinstitucionales que sean necesarios para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones;

X.- Proponer anualmente al Congreso del Estado que el Presupuesto de Egresos comprenda las previsiones de gasto público necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos de esta Ley;

XI.- Expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, y

XII.- Las demás que le señalen otras leyes o reglamentos.

Artículo 17.- El Consejo Estatal se reunirá en sesiones ordinarias o extraordinarias, por comités o en Pleno, a convocatoria de su Presidente o, en su defecto, el Secretario Ejecutivo, en los plazos y formas que determine el propio Consejo o se le señalen en el Reglamento Interior. Las reuniones plenarias se celebrarán por lo menos cada tres meses.

Artículo 18.- Las sesiones del Consejo serán encabezadas por su Presidente y en su ausencia por el Secretario Ejecutivo o por la persona que éste designe.

Artículo 19.- El cargo de Consejero es de carácter honorario y tratándose de servidores públicos es inherente al empleo que desempeñan.

Artículo 20.- El Reglamento que al efecto expida el Consejo determinará la integración del Sistema, funcionamiento, así como las facultades y, en su caso, las obligaciones de los órganos que de él deriven.

Artículo 21.- La designación de los representantes de las organizaciones no gubernamentales en el Estado que trabajen con mujeres a que se refiere la fracción VII del artículo 14 de esta Ley, se realizará por el Pleno del Congreso del Estado, de las dos ternas que le proponga la Comisión de Equidad y Género, previa convocatoria expedida al efecto.

Artículo 22.- El Secretario Técnico del Consejo será designado por la Directora General del Instituto Chihuahuense de la Mujer, de entre los servidores públicos a su cargo.

Capítulo Cuarto:
Del Programa Integral de Asistencia, Protección y Erradicación de la Violencia contra Mujeres.

Artículo 23.- El Programa Integral de Asistencia, Protección y Erradicación de la Violencia contra Mujeres definirá los objetivos, estrategias, líneas de acción, recursos necesarios y las responsabilidades de los participantes en el Sistema para el cumplimiento de las metas que en ellos se establezcan, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Sistema Estatal.

Artículo 24.- El Programa deberá diseñar estrategias y acciones para:

I.- Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos de toda persona a una vida sin violencia y la observancia, en todo momento y en cualquier circunstancia y ámbito, de los derechos humanos de las mujeres;

II.- Transformar los modelos socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formales y no formales en todos los niveles de la instrucción educativa, con la finalidad de prevenir y erradicar las conductas estereotipadas de hombres y mujeres, por medio de las cuales se permiten o toleran las situaciones de violencia contra mujeres;

III.- Impulsar la educación y capacitación del personal en la procuración y administración de justicia y demás funcionarios encargados de la aplicación de la Ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia en contra de las mujeres;

IV.- Impulsar la capacitación a funcionarios, jueces y magistrados, a fin de dotarlos de instrumentos que les permitan realizar su labor con perspectiva de género;

V.- Suministrar la asistencia especializada apropiada para la atención y protección necesaria a las víctimas de violencia, por medio de las autoridades e instituciones públicas o privadas, con la finalidad de que se brinde un servicio personalizado y sensibilizado para cada caso de violencia;

VI.- Fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales o del sector privado, destinados a sensibilizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia esgrimida contra mujeres;

VII.- Ofrecer a las víctimas de violencia o a sus agresores, el acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública y social;

VIII.- Exhortar a los medios de comunicación para que elaboren criterios adecuados de difusión que favorezcan la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus formas y por medio de los cuales se ayude a realzar el respeto a la dignidad de las mujeres;

IX.- Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia hacia las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, sancionar y eliminar este tipo de violencia;

X.- Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en el propio programa, y

XI.- Promover la cultura de denuncia de la violencia entre la ciudadanía en general.

Capítulo Quinto:
De la distribución de competencias.

Artículo 25.- El Estado y los municipios, coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, de conformidad con las competencias previstas en este Capítulo y demás instrumentos legales aplicables.

Artículo 26.- Son atribuciones del Estado:

I.- Formular y conducir la política estatal para erradicar la violencia ejercida contra mujeres;

II.- Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de esta Ley;

III.- Vigilar el cabal cumplimiento de esta Ley y de los demás instrumentos aplicables;

IV.- Promover y coordinar la creación de albergues temporales para mujeres víctimas de violencia o para la atención de personas violentas;

V.- Garantizar el ejercicio del derecho de mujeres a una vida sin violencia;

VI.- Difundir en las comunidades indígenas, información referente sobre los derechos de las mujeres;

VII.- Promover y coordinar la creación de centros de reeducación y reinserción social de agresores de mujeres;

VIII.- Combatir, a través de sus distintas dependencias y entidades, las causas que generen la comisión de delitos contra mujeres;

IX.- Promover medidas específicas, que sirvan de herramientas de acción para la prevención, asistencia, protección y erradicación de la violencia ejercida contra mujeres en todos los ámbitos, en un marco de integralidad y promoción de los derechos humanos;

X.- Elaborar, coordinar y aplicar el Programa a que se refiere la Ley, auxiliándose de las demás autoridades encargadas de aplicar el presente ordenamiento legal;

XI.- Garantizar una adecuada coordinación entre el Estado y los municipios, con la finalidad de erradicar la violencia contra mujeres;

XII.- Realizar a través del Instituto Chihuahuense de la Mujer, y con el apoyo de las instituciones locales y municipales, campañas de sensibilización sobre la violencia en contra de las mujeres, utilizando cuantos medios de comunicación sean posibles, con la finalidad de informar a toda la población y en especial a las mujeres de las leyes que las protegen, las medidas y programas que les asisten y los recursos disponibles;

XIII.- Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, de manera que sirvan de cauce para conseguir una inserción y asistencia integral y coordinada de las víctimas de violencia en todas las situaciones de violencia previstas en el artículo 7 de esta Ley;

XIV.- Celebrar acuerdos de cooperación, coordinación y concertación en materia de prevención, asistencia, erradicación y protección de mujeres víctimas de violencia, nacionales e internacionales;

XV.- Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a prestar asistencia a las mujeres violentadas;

XVI.- Promover la investigación sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra mujeres;

XVII.- Evaluar y considerar la eficacia de las acciones y del Programa, con base en los resultados de las investigaciones previstas en la fracción anterior;

XVIII.- Rendir un informe anual sobre los avances del Programa;

XIX.- Instar a los medios de comunicación, para que promuevan imágenes no estereotipadas de mujeres, así como instarlos a que extraigan en la medida de lo posible, los patrones de conducta generadores de violencia en contra de éstas;

XX.- Incluir una asignación presupuestaria para asegurar la implementación de la Ley con la finalidad de asignar recursos financieros y humanos encaminados a brindar protección integral a las mujeres violentadas; y

XXI.- Las demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieran.

Artículo 27.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública:

I.- Elaborar la propuesta del Programa en coordinación con las demás autoridades;

II.- Establecer los lineamientos para elaborar e integrar el Sistema;

III.- Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa;

IV.- Ejecutar, dar seguimiento a las acciones integrantes del Programa, con la finalidad de evaluar su eficacia;

V.- Formular propuestas para la integración del Programa, a fin de mejorar los resultados de éste;

VI.- Formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, locales y municipales para la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres;

VII.- Proveer a las diferentes instancias policiales de capacitación para atender, con perspectiva de género, los casos de violencia contra mujeres;

VIII.- Vigilar el cumplimiento de esta Ley;

IX.- Realizar las acciones necesarias orientadas a la prevención de delitos contra mujeres;

X.- Tomar medidas, acciones y operativos en coordinación con las demás autoridades para alcanzar los objetivos previstos en la presente Ley;

XI.- Prevenir, perseguir y sancionar las infracciones y delitos cometidos contra las mujeres;

XII.- Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y reinserción del agresor;

XIII.- Impulsar la realización de acuerdos con la finalidad de erradicar la violencia de género;

XIV.- Establecer instrumentos que fomenten el apego a los principios de legalidad, honradez, profesionalismo y eficiencia en la atención a las mujeres víctimas de violencia, y

XV.- Las demás previstas para el cumplimiento de esta Ley.

Artículo 28.- Son facultades de la Secretaría de Educación y Cultura:

I.- Regular las directrices en acciones y programas educativos, los cuales deberán de ir encaminados a promover la igualdad entre hombres y mujeres;

II.- Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que fomenten la cultura de la no violencia hacia las mujeres, así como el respeto a la dignidad de todas las personas;

III.- Promover acciones y mecanismos, que garanticen la equidad en la educación, en todas las etapas del proceso educativo;

IV.- Garantizar a las mujeres la igualdad de oportunidades y facilidades en la obtención de becas, créditos educativos y otras subvenciones;

V.- Desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos de detección de la violencia hacia las mujeres en los centros educativos, así como modelos de capacitación y sensibilización del personal docente a fin de que puedan dar una primera respuesta urgente a las alumnas que sufren algún tipo de violencia;

VI.- Incorporar en los programas educativos en todos los niveles de la instrucción, el respeto a los derechos humanos, la protección a personas especialmente vulnerables y la no discriminación, así como contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de conducta sociales y culturales que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y los hombres;

VII.- Diseñar y establecer programas que permitan la detección temprana de los problemas de violencia contra mujeres en los centros educativos;

VIII.- Proponer materiales educativos dirigidos a la prevención de la violencia contra mujeres, que contengan una clara perspectiva de género;

IX.- Proporcionar acciones formativas al personal docente de los centros educativos, relacionadas con la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia ejercida en mujeres;

X.- Proveer a las diferentes instancias, de los sectores público, privado o social, incluido el personal a su cargo, de capacitación con perspectiva de género en el desempeño de su labor, y

XI.- Eliminar de los programas educativos los materiales susceptibles de contribuir a la generación de violencia contra mujeres.

Artículo 29.- Corresponde a la Secretaría de Fomento Social, en materia de salud:

I.- Brindar a las víctimas, por medio de los hospitales públicos, una atención integral e interdisciplinaria, es decir, atención médica, psicológica y de apoyo a través de grupos de apoyo o de autoayuda;

II.- Crear programas para dotar al personal del conocimiento mínimo necesario sobre la situación de las mujeres respecto a la problemática de ser éstas mayormente susceptibles de violencia;

III.- Crear programas de capacitación para los empleados del sector salud, respecto de la violencia de mujeres y el trato que se debe de proporcionar a las víctimas:

IV.- Establecer programas y servicios eficaces con horario de veinticuatro horas en las dependencias públicas relacionadas con la atención a la violencia contra la mujer;

V.- Establecer servicios de rehabilitación y capacitación para las mujeres víctimas de violencia, y para los agresores, que le permitan participar plenamente en la vida pública, social y privada, en el primer caso, y superar su problema en el segundo;

VI.- Difundir en los centros de salud, material referente a la prevención de la violencia contra mujeres;

VII.- Canalizar a las víctimas de violencia a las instituciones que prestan asistencia y protección a mujeres;

VIII.- Participar activamente, en la ejecución del Programa, en el diseño de nuevos modelos de prevención y asistencia de la violencia contra mujeres, en colaboración con las demás autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley;

IX.- Asegurarse de que los servicios y trabajadores del sector salud, respeten los derechos humanos de las mujeres;

X.- Capacitar a los trabajadores del sector salud, con la finalidad de que detecten con facilidad la posible violencia ejercida en mujeres;

XI.- Facilitar material informativo a las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la salud de las mujeres, y

XII.- Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en materia de violencia contra mujeres, proporcionando la siguiente información:

a).- La relativa al número de víctimas que se atienden en los centros y servicios hospitalarios;

b).- La referente a las situaciones de violencia que sufren las mujeres;

c).- El tipo de violencia por la cual se atendió a la víctima;

d).- Los efectos causados por la violencia en las mujeres, y

e).- Los recursos erogados en la atención de las víctimas de violencia.

Artículo 30.- Son atribuciones de la Procuraduría General de Justicia:

I.- Promover la formación y especialización de los cuerpos de policía, ministerios públicos y de todos los funcionarios públicos encargados de procurar justicia;

II.- Proporcionar a las mujeres víctimas de la violencia o, en su caso, víctimas del delito, la asistencia y orientación jurídica y de cualquier otra índole que resulten necesarias, para su eficaz atención y protección;

III.- Realizar a las víctimas, de acuerdo al Protocolo, los exámenes médicos necesarios con la finalidad de determinar las alteraciones provocadas presuntamente por el agresor, en su estado de salud físico y emocional, así como su causa probable. Para tal fin, se auxiliará con especialistas del sector salud;

IV.- Proporcionar al Instituto Chihuahuense de la Mujer y a las instancias encargadas de realizar estadísticas, las referencias necesarias sobre el número de víctimas, las causas y los daños, con la finalidad de que estas instituciones elaboren las estadísticas necesarias para implementar nuevas medidas o programas para la sensibilización de la población y erradicar así la violencia contra las mujeres;

V.- Impartir cursos de formación al personal de las corporaciones policiales, al personal de los órganos judiciales y a profesionales del derecho, a fin de mejorar la atención y asistencia que se brinda a las mujeres que han sido violentadas;

VI.- Brindar a las víctimas la información sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de brindarles asistencia;

VII.- Proporcionar a las víctimas información objetiva que le permita reconocer su situación;

VIII.- Promover la cultura de denuncia entre las víctimas de violencia, y

IX.- Las demás previstas para el cumplimiento de esta Ley.

Artículo 31.- Corresponde al Instituto Chihuahuense de la Mujer:

I.- Realizar las investigaciones sobre las causas, características y consecuencias de la violencia en contra las mujeres, así como la eficacia de las medidas aplicadas para su prevención y erradicación;

II.- Participar activamente en la detección de las situaciones que puedan propiciar la violencia contra las mujeres;

III.- Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley, los programas, medidas y acciones que consideren pertinentes, con la finalidad de erradicar la violencia en contra de las mujeres;

IV.- Promover la creación de albergues temporales para las mujeres víctimas de violencia o para la atención de personas violentas;

V.- Promover la creación de unidades de asistencia y protección a las mujeres víctimas de cualquier situación de violencia prevista en la Ley;

VII.- Ofrecer a las mujeres víctimas de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar activamente en la vida pública, privada y social;

VII.- Promover que la atención ofrecida en las diversas instituciones públicas o privadas, sea proporcionada por especialistas en la materia y con las actitudes idóneas para ello, sin perjuicios ni discriminación alguna;

VIII.- Establecer una línea de atención telefónica a las mujeres, que sirva de medio de información y canalización para atender a las mujeres violentadas;

IX.- Realizar una guía de recomendaciones dirigida a los profesionales de los medios de comunicación para el tratamiento informativo de la violencia contra mujeres;

X.- Exhortar a los medios de comunicación para que realicen jornadas anuales de tolerancia cero a la violencia contra mujeres;

XI.- Promover la realización de actos alusivos al 25 de noviembre, fecha que la Organización de las Naciones Unidas ha denominado como: el "Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer";

XII.- Promover la cultura de denuncia de violencia contra mujeres, y

XIII.- Las demás previstas para el cumplimiento de esta Ley.

Los resultados de las investigaciones a que se refiere la fracción I, serán dados a conocer públicamente para fomentar el debate social y valorar las medidas pertinentes para su erradicación.

Artículo 32.- Corresponde a los municipios:

I.- Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política estatal, la política municipal orientada a eliminar la violencia contra las mujeres;

II.- Apoyar a las autoridades estatales en la adopción y consolidación del Sistema;

III.- Promover en coordinación con el Gobierno del Estado, cursos de capacitación a las personas que asisten a las víctimas de violencia;

IV.- Tomar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa;

V.- Apoyar la creación de centros de reeducación y reinserción social para los agresores;

VI.- Promover programas y proyectos educativos orientados a la igualdad de género y a eliminar la violencia contra mujeres;

VII.- Fomentar la creación de albergues temporales para las víctimas de violencia;

VIII.- Participar y coadyuvar en la prevención y combate de la violencia ejercida contra las mujeres;

IX.- Promover la participación de organismos públicos, privados y no gubernamentales en programas y acciones de apoyo a las víctimas de violencia;

X.- Llevar a cabo, en coordinación con el Gobierno del Estado programas de sensibilización de la población respecto de la problemática que representa la violencia contra mujeres, y

XI.- La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra mujeres les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales.

Capítulo Sexto:
De la asistencia y atención a las víctimas.

Artículo 33.- Las autoridades deberán prestar asistencia a las mujeres víctimas de violencia familiar, consistente en:

I.- Fomentar la adopción y aplicación de acciones y programas, por medio de los cuales se brinde protección a las mujeres víctimas de violencia familiar;

II.- Promover la atención a la violencia familiar por parte de diversas instituciones hospitalarias, asistenciales y de servicio, tanto públicas como privadas;

III.- Proporcionar a las mujeres víctimas de violencia familiar, así como a los agresores, la asistencia médica, psicológica y jurídica, de manera integral y gratuita, y

IV.- Proporcionar un lugar seguro a las víctimas de violencia familiar.

Artículo 34.- Las mujeres víctimas de cualquier tipo y situación de violencia tendrán los derechos siguientes:

I.- A contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades y la fuerza pública;

II.- A contar con asistencia legal gratuita;

III.- A recibir asistencia médica y psicológica;

IV.- A ser acogidas en un albergue temporal, mientras dure su rehabilitación;

V.- A ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, y

VI.- En el caso de que se tratare de violencia doméstica las mujeres que tuvieren hijos e hijas podrán acudir a los albergues temporales con estos.

Artículo 35.- Las personas que se dediquen a impartir educación escolar tendrán las siguientes obligaciones:

I.- Fomentar entre sus educandos valores tales como: el respeto, la igualdad de géneros, la libertad y la no violencia;

II.- Informar a sus superiores de los casos de violencia que llegasen a ocurrir en los centros educativos;

III.- Evitar la formación sexista;

IV.- Fomentar la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, y

V.- Acudir a los cursos de capacitación, que les indique la Secretaría de Educación Pública, respecto de la violencia contra mujeres.

Artículo 36.- El agresor podrá optar por acudir voluntariamente a un centro de reeducación y reinserción social para obtener la asistencia adecuada y así poder integrarse nuevamente a la sociedad.

El agresor tendrá que acudir obligatoriamente a los centros de reeducación y reinserción social, cuando se le solicite por medio de un mandato judicial.

Capítulo Séptimo:
De los albergues temporales.

Sección Primera:

Disposiciones comunes.

Artículo 37.- Los albergues temporales podrán ser de dos tipos:

I.- Para la atención a las víctimas de violencia, y

II.- Para la atención de personas violentas.

Artículo 38.- Los albergues deberán ser lugares seguros, por lo que no se deberá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellos.

Artículo 39.- La permanencia en los albergues no podrá ser mayor a tres meses, a menos de que persista la inestabilidad física o psicoemocional de la persona en cuyo caso su estadía podrá prolongarse.

Artículo 40.- Para efectos del artículo anterior, el personal médico, psicológico o psiquiátrico del albergue evaluará la condición de la persona.

Sección Segunda:

De los albergues temporales para la atención a las víctimas.

Artículo 41.- Los albergues temporales para la atención a las víctimas de violencia tendrán las facultades y obligaciones siguientes:

I.- Aplicar, en lo conducente, el Programa Integral de Asistencia, Protección y Erradicación de la Violencia contra Mujeres;

II.- Velar por la seguridad de las mujeres que se encuentren albergadas;

III.- Proporcionar a las mujeres internas la ayuda necesaria para su rehabilitación física y emocional, que le permita a la víctima recuperar su autoestima y su reinserción en la vida social;

IV.- Proporcionar a las mujeres víctimas de violencia, la posibilidad de acudir a talleres educativos o de recreación mientras estas se encuentren internadas;

V.- Dar información a las internas sobre las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica gratuita;

VI.- Contar con la información necesaria para la prevención de la violencia contra mujeres;

VII.- Contar con el personal debidamente capacitado y especializado en la materia, y

VIII.- Todas aquellas inherentes al cuidado, protección y asistencia de las personas que se encuentren albergadas.

Artículo 42.- Los albergues deberán prestar a las víctimas los siguientes servicios:

I.- Hospedaje a las víctimas y en caso necesario también a sus familiares;

II.- Alimentación;

III.- Vestido y calzado;

IV.- Servicio médico;

V.- Asesoría jurídica;

VI.- Tratamiento psicológico;

VII.- Capacitación, para que las víctimas puedan adquirir habilidades para el futuro desempeño de alguna actividad, y

VIII.- Bolsa de trabajo, con la finalidad de que las víctimas puedan después de su internamiento en los albergues tener una actividad ocupacional remunerada en caso de que estas así lo soliciten.

Artículo 43.- En ningún caso se podrá mantener a las mujeres víctimas de violencia en los albergues en contra de su voluntad.

Sección Tercera:

De los albergues temporales para la atención de personas violentas.

Artículo 44.- Los albergues temporales para la atención de personas violentas tendrán las facultades y obligaciones siguientes:

I.- Aplicar, en lo conducente, el Programa Integral de Asistencia, Protección y Erradicación de la Violencia contra Mujeres;

II.- Velar por la seguridad de las personas que se encuentren albergadas;

III.- Proporcionar a las personas internadas la ayuda necesaria para su rehabilitación, que le permita su reinserción en la vida social sin peligro para ella ni para las personas que la rodean;

IV.- Proporcionar a las personas internadas la posibilidad de acudir a talleres educativos o de recreación mientras se encuentren internadas;

V.- Dar información a las personas internadas sobre las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica gratuita;

VI.- Contar con el personal debidamente capacitado y especializado en la materia, y

VII.- Todas aquellas inherentes al cuidado, protección y asistencia de las personas que se encuentren albergadas.

Artículo 45.- Los albergues deberán prestar a las personas internadas los siguientes servicios:

I.- Hospedaje;

II.- Alimentación;

III.- Servicio médico;

IV.- Asesoría jurídica;

V.- Tratamiento psicológico;

VI.- En su caso, capacitación para que puedan adquirir habilidades para el futuro desempeño de alguna actividad, y

VII.- Bolsa de trabajo, con la finalidad de que las personas que lo necesiten puedan después de su internamiento tener una actividad ocupacional remunerada en caso de que éstas así lo soliciten.

Capítulo Octavo:

De la procuración de la defensa y protección de los derechos de las víctimas de violencia.

Artículo 46.- Para mejorar la defensa, asistencia y protección de las mujeres violentadas a nivel estatal, el Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con el personal calificado y serán instancias especializadas con funciones de autoridad para la efectiva procuración del respeto de los derechos inherentes a éstas.

Artículo 47.- Las autoridades señaladas en el artículo anterior, tendrán las facultades siguientes:

I.- Vigilar la observancia de las garantías constitucionales que salvaguardan los derechos de las mujeres y las previstas en la legislación aplicable;

II.- Canalizar de inmediato a la víctima a las instituciones responsables de prestarles asistencia de cualquier tipo;

III.- En las corporaciones de seguridad pública, se proveerán las acciones necesarias para garantizar a la víctima, la más completa protección a su integridad y seguridad personales, con las medidas preventivas adecuadas;

IV.- Representar legalmente a las mujeres violentadas ante las autoridades judiciales o administrativas sin contravención de lo establecido en los ordenamientos legales aplicables;

V.- Denunciar ante el Ministerio Público todos aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito, para los efectos legales conducentes, y

VI.- Promover formas alternativas de resolución de conflictos, a fin de, garantizar la seguridad física, psicológica y económica de la víctima.

Capítulo Noveno:

Prevenciones finales.

Artículo 48.- En la prevención, detección y tratamiento de la violencia hacia las mujeres, la capacitación del personal, del sector público, privado o social, que preste los servicios a que se refiere esta Ley, se realizará conforme a los siguientes parámetros:

I.- Con perspectiva de género;

II.- De acuerdo a las convenciones internacionales en la materia, y

III.- De conformidad a los protocolos que al efecto se expidan.

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción X del artículo 4 de la Ley del Instituto Chihuahuense de la Mujer, para quedar en los siguientes términos:

 

 

Artículo 4.- ………………………..

X.- Las otras que le confieran en forma expresa ésta y las demás leyes estatales y su Reglamento interior.

 

TRANSITORIOS:

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor noventa días después al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- Se establece un plazo de sesenta días naturales, a partir de la publicación del presente Decreto, para la creación e instalación del Sistema Estatal de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y del Consejo Estatal a que la Ley se refiere.

Artículo Tercero.- Se establece un plazo de ciento veinte días naturales, a partir de la publicación del presente Decreto, para la expedición de los reglamentos a que la Ley se refiere.

Dado en la Sala Morelos del Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih. A los 9 días del mes de agosto del año dos mil cinco.

 

DIP. VICTORIA CHAVIRA RODRIGUEZ

PRESIDENTA DE LA COMISION DE EQUIDAD, GENERO Y FAMILIA

 

DIP. MARIO TARANGO RAMÍREZ
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

 

DIP. CÉSAR JÁUREGUI MORENO
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

 

DIP. LILIA AGUILAR GIL

COORDINADADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

 

DIP. JAIME GARCIA CHAVEZ

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

 

 

Estas firmas corresponden a la Iniciativa de Ley de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para el Estado de Chihuahua.

 

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