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Los Delitos Ambientales

Colaboración de LEXCORP Abogados.

Un tema de actualidad que ha cobrado gran importancia, es la regulación legal de las conductas que afectan el medio ambiente, ya sea flora, fauna, ríos, mares, cielo, suelo, subsuelo, etc.

El Poder Legislativo, así como diversas Organizaciones no gubernamentales, han motivado una serie de iniciativas de ley que tienen como objetivo que se proteja el medio ambiente que nos rodea. Por tal motivo, es necesario que las conductas que afectan gravemente nuestro entorno ambiental, sean tipificadas por la ley penal como delitos, y sean sancionadas con multas e incluso, con severas penas de prisión.

Por tal motivo, el Derecho Penal tiene una gran importancia en el ámbito ambiental, debido a que tiene como objetivo evitar los daños o riesgos más graves a los bienes jurídicos fundamentales para la convivencia social. Actualmente, su nivel de injerencia en la vida de los ciudadanos abarca la protección de todo el entorno del ser humano, que pudiera sufrir cualquier tipo de agresión que lo ponga en riesgo, incluyendo nuestro medio ambiente.

Por tal cuestión, al ser el Derecho Penal el que regula y sanciona las conductas que puedan agredir nuestro entorno, el Derecho Penal Ambiental, debe ser visto como un derecho que privilegia aquellos instrumentos jurídico-ambientales preventivos y voluntarios para incrementar el cumplimiento de la ley ambiental.

 

El Derecho Penal Ambiental 

 

Entre los innumerables problemas prácticos que la identificación de conductas contra el medio ambiente conlleva, destaca lo que se llama "accesoriedad del derecho penal del medio ambiente respecto del derecho administrativo", designación que hace referencia a determinadas formas de reenvío a que puede recurrir el derecho penal del medio ambiente, para su más correcta aplicación. La accesoriedad del Derecho Penal Ambiental es la manifestación expresa de la función del Derecho Penal, el cual solo debe intervenir en aquellas cuestiones en las que otras ramas del derecho resulten insuficientes. El carácter complementario de las normas penales adquieren cada vez más relevancia en la materia ambiental.

 

Conceptos

 

Bien jurídico protegido en los delitos ambientales

 

Como lo señalamos anteriormente, el fin del Derecho Penal es la protección de los valores fundamentales, como son la vida, el honor, la propiedad, la salud y el ambiente.

 

Si bien existen múltiples posturas para definir en materia ambiental cuál es el bien jurídicamente tutelado, en el Derecho Mexicano debemos remitirnos a la Constitución, por lo que es necesario interpretar la expresión “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. En esta línea, el bien jurídico protegido por todos los delitos ambientales, sería precisamente el medio ambiente, si bien, como también hemos advertido, la protección se efectuaría a través de los elementos u objetos medioambientales más significativos.

 

En consecuencia, el bien jurídico protegido por este derecho es la calidad de vida, aunque de manera más amplia, está ligado con bienes fundamentales del hombre, tales como la vida misma y la integridad psicofísica del individuo, así como la salud pública e individual.

 

El Derecho Ambiental, por tanto, comprende las normas legales referentes al uso y conservación de todos los bienes, fenómenos, y elementos que componen el ambiente humano (que se integra a su vez, por el entorno natural, formados por los recursos vivos o biológicos y los recursos naturales inertes; y el entorno creado, cultivado, edificado por el hombre y ciertos fenómenos naturales), en tanto influyan en la calidad del entorno desde el punto de vista del interés humano;

Objeto Material y Objeto jurídico

 

El objeto material es la persona o cosa sobre la cual se lleva a cabo fácticamente la conducta descrita en el tipo; por tipo debemos entender la descripción de la conducta prohibida.

En materia de delitos ambientales, el objeto material siempre es una cosa, pudiendo ser ésta la flora, la fauna, el suelo el subsuelo, la atmósfera, el agua, etc.

 

El objeto jurídico en cambio es el bien jurídicamente tutelado, es decir, el bien o el derecho protegido por las leyes penales, siendo en los delitos ambientales, el medio ambiente.

Intencionalidad

 

Para que una conducta pueda atribuirse a una persona, ésta debe de cometer la conducta con voluntad, dicha voluntad será dolosa cuando el sujeto activo quiera y acepte el resultado que se va a producir con su acción u omisión.

 

La voluntad del sujeto será culposa cuando, se haya producido el resultado típico que no previó siendo previsible, o que previó confiado en que éste no se produciría, en virtud de una violación a un deber jurídico de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales del autor.

En este sentido, es importante señalar que no necesariamente cuando se produzca un resultado típico se genera un delito, ya que hay que tomar en cuenta la voluntad con que esta conducta se cometió, asimismo, también hay que tomar en cuenta si existen excluyentes de responsabilidad o si la conducta se dio en virtud de un estado de necesidad o un caso fortuito.

Resultado (lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido) 

 

El resultado es la consecuencia jurídica de que se lleve a cabo la omisión, en este sentido, el resultado, es la modificación del mundo externo o el peligro de su producción, debiendo existir una relación de causalidad, para que ésta pueda ser atribuible al sujeto, es decir, comportamiento-consecuencia-resultado, ya que  al producirse el resultado, se comete una violación a un bien jurídico.

Cuerpo del delito

 

La acreditación del cuerpo del delito durante la Averiguación Previa es de suma importancia, ya que es lo que va a definir si se sujeta o no a procedimiento penal a una persona.

 

El concepto de cuerpo del delito, se integra por elementos objetivos y subjetivos. Los objetivos son aquéllos que proceden del mundo externo y los percibimos a través de los sentidos; es decir, son tangibles, externos y materiales, por ejemplo, el sujeto activo o pasivo, el objeto, etc. Los elementos subjetivos se refieren a la intención o voluntad con la que se cometió la conducta. El análisis de lo elementos anteriores, dan como resultado que se determine la probable responsabilidad del sujeto de la conducta que se analiza.

 

En este órden de ideas, la acreditación del cuerpo del delito consiste en acreditar el conjunto de elementos externos y la probable responsabilidad del sujeto activo.

 

Pena

 

Como consecuencia de la comisión de un delito, se establece un “castigo” el cual es denominado como pena, la cual es la real privación o restricción de bienes o derechos del autor del delito.  La pena siempre será impuesta por un juez penal, mediante una resolución o sentencia sendo la más común la Pena de prisión o pena privativa de libertad. Tal privación de la libertad podrá ser temporal o definitiva.

 

En nuestro país existen penas privativas de libertad desde tres días a sesenta años, acorde al tipo de delito que se cometa y  para los delitos ambientales, oscilan entre 1 y 9 años de prisión.

 

Antecedentes de los Delitos Ambientales, su introducción en la LGEEPA y el Código Penal.

La Ley Federal de Protección al Ambiente, fue la primera ley ambiental y en ella se incluía un capítulo de delitos que podría decirse que eran el antecedente de los delitos ambientales. Con la creación de  la LGEEPA en 1988, se incluyeron de manera más ordenada una serie de conductas que se tipificaron como delitos ambientales, sin embargo, éstos únicamente se encontraban incluidos en dicha ley. Por lo tanto, debido a la necesidad de reforzar la normatividad respecto a aquellas conductas que pudieran ocasionar daños a los recursos naturales, así como a la salud pública o a los ecosistemas en el territorio nacional y en las zonas sobre las cuales la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, se adicionó el Título Vigésimo Quinto del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de fuero común y para toda la República en materia de Fuero Federal, incorporándose un capítulo único para los delitos ambientales de orden federal.

 

La nueva estructura de la LGEEPA de 1996, permitió su regulación como delitos de daño y de peligro, en virtud de que en muchos casos es necesario sancionar el riesgo que pueden tener ciertas actividades para el medio ambiente, como las que se realizan con materiales y residuos peligrosos, y la contaminación de la atmósfera, el suelo y las aguas.

 

Por otro lado, se facultó tanto a la SEMARNAT, a través de PROFEPA como a cualquier persona que tuviera conocimiento de un delito ambiental para presentar la denuncia correspondiente ante el MPF. Aunado a lo anterior, se incrementan las penas de prisión y económicas, en atención a la relevancia de los bienes jurídicos protegidos. En los delitos referentes a la materia de aguas se establece una agravante de la pena cuando la conducta delictuosa se lleve a cabo en un centro de población. Asimismo, se sustituye el concepto de intencionalidad por el dolo. En este sentido, es importante señalar que  hasta las reformas del año 2001, únicamente se admitía la comisión dolosa de  los delitos ambientales, dejando impunes una gran cantidad de conductas realizadas de manera culposa.

 

Los Delitos Ambientales a raíz de la Reforma del 6 de Febrero de 2001. La necesidad de las reformas penales a  los delitos ambientales

 

A pesar de que las conductas degradantes al medio ambiente se encuentran reguladas de una u otra manera a través de las responsabilidades administrativa, civil y penal, éstas no han alcanzado los fines y objetivos para los que fueron creadas, y menos aún la responsabilidad penal a una persona por el incumplimiento de la ley ambiental, la cual es percibida como un ejercicio jurídico excepcional, imperfecto y poco eficaz; por lo tanto, ante la necesidad de y el reto de un Derecho Penal Ambiental efectivo, justo y útil para nuestra sociedad, fue que se consideró necesario reformar el CPF y el CFPP, en materia de delitos ambientales, por lo que se elimina el concepto de salud pública en los tipos penales ambientales, por encontrarse tutelado este bien jurídico en forma idéntica en la Ley General de Salud ya que es claro que ante esta duplicidad de normas contenidas en el Código Penal Federal y en la Ley General de Salud, es ésta la que por ser norma especial prevalecerá sobre el Código Penal Federal.

Se agrega la palabra ambiente, por ser más incluyente, con el fin de no limitar en un momento dado el bien jurídico protegido. En este sentido, la palabra ambiente de acuerdo con la definición señalada en la LGEEPA, es el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados.
La comisión culposa en los delitos ambientales
Antes de las reformas señaladas, los delitos ambientales eran castigados únicamente en su comisión dolosa, es decir, que aquel (persona física o moral) que cometiera un delito ecológico, únicamente iba a ser sancionado si éste delito era cometido intencionalmente, es decir, con dolo; por lo tanto, si una conducta se adecuaba al tipo penal, pero no era cometida con intención, sino imprudentemente, o sea en su comisión culposa, no podía ser sancionada penalmente, por lo tanto, el autor del hecho ilícito quedaba impune. 
De ahí que resulte necesario introducir la comisión culposa para sancionar los daños ambientales ocasionados por la inobservancia de un deber de cuidado, especialmente en aquellos delitos que implican el manejo de sustancias peligrosas, donde debe esperarse de quienes las manejan un especial nivel de previsión.
En este orden de ideas, actualmente los delitos ambientales pueden ser castigados tanto por su comisión dolosa como culposa. Los delitos culposos siempre van a tener una penalidad menor a los delitos dolosos.
 No obstante lo anterior, es necesario señalar que la comisión culposa de los delitos ambientales, en virtud de al reforma del artículo 60 del CPF, únicamente será admitida para aquellos delitos expresamente señalados en dicho artículo, por lo tanto, no en todos los supuestos se va dar la comisión culposa de los delitos ambientales.
Para la punibilidad de los delitos de riesgo o de peligro, los cuales sólo van a admitir su comisión dolosa, va a ser necesario, que se acredite si la conducta constituyó un efectivo peligro al bien jurídico, y para ello el juez deberá de tomar en cuenta dos elementos: La probabilidad o posibilidad de que se pueda producir un resultado y el carácter lesivo de ese resultado.
Si falta una de esas notas, falta también el peligro. De esta manera no podríamos hablar de peligro cuando la producción de un acontecimiento es imposible.
En los delitos de peligro (como es el caso del delito ecológico) para constatar si una conducta provocó un resultado peligroso o creó un riesgo, tendremos que observar la realización de una acción potencialmente lesiva. Pero resulta muy difícil demostrar la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Si no ocurre como en ocasiones que la acción puede ir acompañada de elementos externos, como humos, olores, etc… que facilitan la apreciación de la acción lesiva.

Incremento de la pena privativa de libertad y Disminución de la pena económica

Asimismo, otra de las reformas, a los delitos ambientales consiste en el incremento de la punibilidad de los delitos ambientales, a efecto de adecuarla a la prevista por los Códigos Penales locales de diferentes entidades federativas y a las previstas en el derecho comparado.

En caso de los artículos 414, 415 y 416, en los que se pasa  del rango de los 1,000 a 20,000 días de multa, al de 300 a 3,000 días de multa, con el fin de homologar la pena de prisión con la pena económica, fijando aproximadamente un día multa por un día de prisión. En este sentido, se incrementa la pena privativa de la libertad, que anteriormente era de tres meses a seis años de prisión a la de uno a nueve años de prisión, buscando obtener un mayor número de casos en los que efectivamente se aplique la privativa de la libertad. Asimismo, se modifican los montos de la pena económica, los cuales antes de la reforma eran de veinte mil días multa, y ahora van de trescientos a tres mil días multa. Entendiendo que un día multa corresponde a un día de la percepción económica de una persona.

 

Esperamos que esta información les sea de utilidad, en caso de requerir mayor información o asesoría favor de contactar al Lic. Alberto Portela Avello Abogado del área Ambiental o al Lic. Rolando Castellanos Macal socio de esta Firma de Abogados al teléfono (614) 415-46-46 o vía e-mail a las siguientes direcciones: aportela@lexcorp.com.mx; castellanos@lexcorp-abogados.com.mx

 


 

 

 

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