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Modificar el art. 136 del Código de Proced. Penales para señalar que las averiguaciones previas deben concluirse en 3 meses.

HONORABLE ASAMBLEA

P r e s e n t e.-

El suscrito, en mi carácter de Diputado a la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado de Chihuahua, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo previsto por los artículos 57, 58 y 68 fracción I de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudo ante esta Elevada Tribuna, a efecto de presentar Resolución con carácter de Iniciativa de Decreto para adicionar con un tercer párrafo el artículo 136 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Chihuahua, a efecto de fijar un plazo para la integración de la averiguación previa. Lo anterior al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.- La inseguridad pública es, hoy en día, una de las preocupaciones esenciales de la sociedad.

En este contexto, la inseguridad pública ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza entre la población. Este clima, es una de las principales causas de descomposición de la relación entre la población y las instituciones públicas, así como de la convivencia social.

Es claro que aunque las cifras sobre la incidencia delictiva muestran una tendencia a la baja, existe la percepción ciudadana de incremento de la delincuencia, en todo el Estado. En cierto modo, este fenómeno se explica por la llamada "cifra negra"; es decir, por el número de delitos que efectivamente son cometidos, pero que no son denunciados ante las autoridades competentes y, por lo tanto, quedan fuera de los registros oficiales.

II.- Bajo este orden de ideas, una de las razones de la falta de presentación de denuncias por parte de la ciudadanía, deriva de la ancestral desconfianza hacia las instituciones de procuración de justicia.

En múltiples casos, quien resulta agraviado por la comisión de un delito prefiere resentir en su persona o patrimonio los efectos de la conducta ilícita, sobre todo tratándose de delitos patrimoniales de cuantía relativamente menor, antes de verse envuelto en complicados procedimientos penales o de enfrentar posibles represalias por parte de la delincuencia.

Aunado a lo anterior, debemos destacar el hecho de que actualmente nuestra Legislación Procesal vigente, no señala un plazo para que la averiguación previa quede formalmente integrada y de esta manera el Ministerio Público se encuentre en posibilidades de ejercitar la acción penal ante la autoridad jurisdiccional competente, por tanto, la averiguación previa puede prolongarse indefinidamente, alegándose que ésta no se encuentra debidamente integrada, situación que en algunos casos puede traer como consecuencia que la acción penal prescriba, lo cual provoca malestar e incertidumbre por parte de aquellas personas que de alguna u otra manera se ven envueltos en el drama penal.

III.- Por estas razones es claro que la renovación del sistema de procuración de justicia es tema esencial para la preservación del Estado de Derecho, y para crear un ambiente de certidumbre que propicie el desarrollo estatal y las relaciones armónicas entre los gobernados.

Ello implica llevar a cabo una profunda revisión de nuestro sistema en dicha materia, a efecto de dar respuesta rápida y eficiente a los reclamos sociales de lograr una justicia pronta y expedita, en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos tanto de aquellas personas a las que se les imputa un delito, como de las víctimas u ofendidos de los mismos, estos últimos, sujetos procesales lamentablemente dejados en el olvido.

En este sentido, se torna indispensable no sólo la efectiva aplicación del orden jurídico en materia de justicia penal, sino su impostergable revisión integral, a fin de perfeccionarlo y actualizarlo, para que su contenido y los instrumentos de defensa social de que disponen las autoridades encargadas de su ejecución, respondan a las demandas de seguridad pública, así como de procuración de justicia.

El Estado de Derecho no puede subsistir si las leyes quedan rezagadas frente a las exigencias de la sociedad, sobre todo, inmersa en un profundo proceso de cambio político, económico y social.

Estamos ciertos, que cuando no se actualiza el orden jurídico al que están sujetas las autoridades encargadas de la investigación de los delitos y persecución de los imputados, y se mantienen los supuestos normativos del pasado, se convierte en un impedimento que favorece el ensanchamiento de la brecha entre una criminalidad que avanza sin ataduras, y un aparato de persecución que se mueve pesadamente con normas superadas por la realidad.

En este sentido, los Tribunales Federales han establecido el siguiente criterio:

Novena Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: X, Julio de 1999

Tesis: VIII.1o.32 A

Página: 884

MINISTERIO PÚBLICO. SU INACTIVIDAD AL NO INTEGRAR LA AVERIGUACIÓN EN BREVE TÉRMINO VIOLA GARANTÍAS. De un análisis integral y coherente de los artículos 8o., 16, 17, 21 y 102-A, de la Constitución, se desprende que la representación social debe proveer en breve término a la integración de la averiguación previa. Por lo tanto no es posible sostener que como los artículos 123, 126, 133, 134 y 136 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Durango, no establecen un término específico para integrar la averiguación previa, el órgano persecutor puede integrar la indagatoria en forma discrecional y cuando lo estime pertinente; toda vez que, los mismos numerales contemplan la obligación del Ministerio Público de tomar todas las medidas necesarias para la integración de la averiguación, tan luego como tengan conocimiento de la posible existencia de un delito, así como de darle seguimiento a las denuncias que se presenten y allegarse todos los elementos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos, dictando en uno u otro caso la reserva del expediente, el no ejercicio o la consignación. De lo que se infiere, que los artículos mencionados de la ley secundaria, siguen los lineamientos fijados en los artículos constitucionales en comento, por lo que no se justifica la inactividad del Ministerio Público, pues transcurrieron más de siete meses entre la fecha de presentación de la denuncia y la demanda de amparo, sin que existiera avance alguno en la averiguación, lo que como se ha demostrado implica violación de garantías.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

Amparo en revisión 305/98. Abdón Gallegos Quiñones. 18 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Luz Patricia Hidalgo Córdova. Secretario: Gilberto Andrés Delgado Pedroza.

Por ello, el suscrito estima necesario, que en aras de cumplir con lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y brindar seguridad y certeza a quienes se ven involucrados de una u otra forma en el drama del procedimiento penal, se adicione un párrafo tercero al artículo 136 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado, a efecto de establecer un plazo razonable para que el Ministerio Público integre la averiguación previa correspondiente, y este en actitud de pronunciar la resolución respectiva, ya sea ejercitando la acción penal, o bien, no ejercitándola.

Por lo antes expuesto y fundado, el suscrito somete a la consideración de esta H. Representación Popular, el siguiente:

DECRETO

Artículo único.- Se adiciona con un párrafo tercero el artículo 136 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Chihuahua, para quedar redactado en los siguientes términos:

Artículo 136.- … … …

… … … … …

La averiguación previa deberá quedar debidamente integrada en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la fecha de presentación de la denuncia o querella respectiva, ello sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores.

 

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Económico.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaria para que elabore la minuta en los términos en que habrá de publicarse.

Leído en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado, a los 15 días del mes de marzo del año 2005.

A t e n t a m e n t e

DIP. CARLOS BORRUEL BAQUERA

 

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